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El 10% de los inquilinos adhirió al decreto que prorrogó el congelamiento de los alquileres

A poco más de un mes de la extensión del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el congelamiento de los alquileres y las cuotas de créditos, un relevamiento de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) y la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires (CIBA) arrojó datos sorprendentes.

Es que, según trascendió, el 10% de los inquilinos se adhirió al decreto. En tanto, el 5% de los propietarios retiró del mercado sus inmuebles en alquiler. Y el 90% de los locatarios que no usó el DNU renovó su contrato, lo prorrogó o acordó una cuota intermedia con su locador.

“Para muchos propietarios la extensión del decreto que establece el congelamiento de valores de alquileres fue una decisión excesiva“, opinó la presidenta de la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires, Mirta Líbera, en diálogo con El Día.

Y agregó: “En la primera etapa lo entendieron por el contexto que había generado la pandemia, pero en el segundo caso, para extenderlo de octubre a enero, despertó quejas porque la situación económica del país varió y muchos valores quedaron muy desactualizados, pues en marzo ya estaban bastante más bajos de lo que marcaba el mercado”.

En septiembre, la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, que nuclea a 25.000 profesionales inmobiliarios mediante sus cámaras adheridas en todas las provincias y Capital Federal, emitió un comunicado expresando su postura de cara a los efectos del DNU 320/20.

En su momento el mencionado DNU resultó oportuno y paliativo para una crisis mundial sin precedentes (…) ante un factor nuevo e imprevisible que había que superar. Pero ha quedado evidente que las medidas que se tomen no pueden seguir siendo de naturaleza transitoria sino que deben apuntar a regular en un estado de normalidad hoy denominado ‘la nueva normalidad”, comenzaron diciendo.

Y añadieron: “Es nuestra obligación sobreponernos y continuar trabajando y vinculando nuestras relaciones de la forma más ordenada, justa, equitativa y pacífica posible (…) Continuar ampliando indefinidamente medidas extraordinarias no traerá solución a la nueva forma de vivir de los argentinos y por el contrario, solo generará más disconformidad de los que consideren vulnerados sus derechos”.

El esfuerzo no puede recaer en una sola de las partes, ya sea locador o locatario, sino que el equilibrio exige que el esfuerzo sea compartido y todos los derechos sean debidamente amparados, así lo transitamos, la sociedad lo entendió y los resultados están a la vista en las encuestas y estadísticas realizadas a nivel nacional“, destacaron en otro párrafo del comunicado.

E informaron: “FIRA ha obtenido un relevamiento estadístico del que surge que durante el mes de julio sólo en los casos de recorte de ingresos o cierre de sus negocios se presentaba la necesidad de postergar, repactar o diferir el pago de sus alquileres (el 8,5% en los alquileres habitacionales y el 23,2% en los alquileres comerciales) o de resolver los contratos (el 1,8% en los alquileres habitacionales y el 4,9% en los alquileres comerciales)”.

“Por otra parte, las medidas tendientes a limitar la libertad de contratación de partes han desalentado a los inversores, constructores y compradores de inmuebles para destinar a la locación de viviendas; incitando otro tipo de inversión más especulativa que perjudica aún más la necesidad habitacional“, inicaron.

A modo de ejemplo explicaron que en solo un mes, “el 19,1% de inmuebles en oferta incrementaron su valor y se retiró de oferta el 1,5% de inmuebles para vivienda“. “A todo ello habrá que sumar el grave problema que aqueja al sector inmobiliario, que se encuentra invadido de operadores irregulares ejerciendo ilegalmente el corretaje inmobiliario, ajenos al control que los Colegios Profesionales ejercen por delegación del estado”, sumaron hacia el final del escrito.

Y concluyeron: “Por ello consideramos que resulta más conveniente en los contratos en curso y las prórrogas originadas no desatender el comportamiento propio del mercado, la economía inflacionaria y la desvalorización de la moneda y permitir a los contratantes regular sus compromisos acorde a derecho, debiendo organizarse el mecanismo de mediación previsto por la Ley 27.551 para los casos que así lo requieran”.

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