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¿Qué pasará con el congelamiento de alquileres y préstamos?

El presidente Alberto Fernández confirmó este jueves que dictará en las próximas horas un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para suspender los desalojos y ejecuciones hipotecarias además de congelar por seis meses los precios de los alquileres y los valores de las cuotas hipotecarias.

Estas iniciativas buscan ayudar a inquilinos y tenedores de créditos hipotecarios afectados por el impacto económico de la pandemia de coronavirus. “La idea es que los alquileres no crezcan, porque se está trabajando menos, y que no se produzcan desalojos porque si la gente se demora (en pagar), es porque le cuesta tener el dinero para hacerrlo”, explicó el Jefe de Estado en un reportaje para la TV Pública.

En cuanto a la propuesta de congelar el valor por seis meses de las cuotas hipotecarios, Fernández también dijo que “si se aumenta por el costo de vida, se le complica pagarlo también porque los ingresos de todos se han resentido“.

Antes de eso, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, había informado que el congelamiento de los valores de los alquileres y préstamos “se van a disponer por un DNU” porque “tiene que estar vigente antes del 1 de abril y había muchas dificultades para hacer un sesión antes de esa fecha”.

En tanto, el jefe del bloque del Frente de Todos del Senado, José Mayans, aseguró que el congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus pueden adoptarse a través de decretos de necesidad y urgencia, ante las dificultades para reunir al Congreso.

En declaraciones a Radio El Destape, Mayans afirmó además que mantuvo diálogos con el jefe de la oposición en el Senado, Luis Naidenoff, y que le manifestó el “compromiso” de su bancada de “acompañar” las medidas de emergencia tomadas por el Presidente.

Cabe destacar que, según un informe de Ámbito, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires indicaron que atienden cuatro reclamos: “los intereses punitorios que pedirán los propietarios a las familias a las que se les termina el contrato y no podrán mudarse; los pedidos de desalojo en las pensiones donde viven 100.000 personas, los comercios que no podrán afrontar el pago dado que se encuentran cerrados y sin ingresos y, la falta de formalidad en el pago de los alquileres“.

“Desde lo legal, cuando se termina un contrato, el inquilino se tiene que ir. Pero estamos en una situación de emergencia que tiene que estar por encima del Código Civil“, aseguró a a ese medio Fernando Muñoz, a cargo de la Defensoría del Inquilino.

Y agregó: “La gente se va a tener que quedar, y ya nos llegaron casos de familias a las que le cobrarán intereses punitorios altos, de 1000 pesos más por día”. En este sentido, desde la entidad pedirán al Gobierno de la Ciudad que haya prórrogas automáticas y al mismo precio, para evitar especulaciones.

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