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Cuatro de cada diez porteños no pueden renovar el alquiler

En tiempos de crisis y con un proceso inflacionario como el que se vive en el país, los obstáculos de un inquilino al momento de renovar un alquiler son cada vez mayores. Y si se tiene en cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires viven alrededor de 3 millones de personas, y más de un tercio de ellas alquilan, las preocupaciones de los porteños afectados son considerables.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, cuatro de cada diez personas que alquilan en la Capital Federal no pueden renovar el alquiler. Y esto se deduce, tiene mucho que ver con los avatares de la economía, tal como se mencionó antes, y la falta de una ley que regule el mercado. Por lo que cada vez más familias rescinden contratos anticipadamente o eligen mudarse a barrios con valores inferiores.

El documento publicado días atrás también remarca que en los últimos dos años, los contratos se renovaron con un “40% de aumento por encima del valor anterior y ajustes semestrales del 15%“. En tanto, las renovaciones para los próximos dos años se están firmando con un aumento del 30% inicial y ajustes semestrales del 18%. Es decir, una suba de más del 50% anual.

El análisis además destaca que “otro 26% de los vecinos y vecinas se acercaron porque no les devuelven el depósito al finalizar el contrato“. Y hay un 14% que “tuvo problemas con los servicios públicos, en especial los cortes de gas, cortes en luz de obra en edificios nuevos o cobro indebido del impuesto inmobiliario”.

Fernando Muñoz, coordinador del Programa de Atención a Inquilinos que elaboró el informe, explicó en diálogo con Tiempo que estas dificultades son producto “de una legislación regresiva y retrasada, con contratos cortos, sin compromiso de prórroga, sin obligatoriedad de parte del propietario de tener que avisar al inquilino si va a renovar o no en un plazo razonable, etcétera”.

“Esto conforma un combo al final del contrato que genera un círculo especulativo. Sobre todo porque los plazos son cortos y el precio es libre y, además, el Estado no opina, propone ni registra estos contratos; es decir, el Estado ni siquiera sabe si estos contratos se están haciendo de forma legal o no”, agregó al respecto.

Al mismo tiempo, Muñoz observó que quienes alquilan destinan hasta el 50% de sus ingresos para cubrir la renta. “Es la erogación más importante que tiene esa familia y no hay aún un marco regulatorio mínimo, que al menos permita al Estado recuperar la facultad de fijar el valor del aumento. El Estado, con una sola legislación, podría igualar las condiciones del alquiler de viviendas en todo el país”, amplió.

Cabe destacar que los relevamientos de la Defensoría de la Ciudad se basan en contratos firmados en la Capital Federal y la atención personalizada que brinda el Programa de Atención a Inquilinos. Estos datos indican que en los últimos dos años los alquileres aumentaron un 110%.

Quien pagaba 10 mil pesos en diciembre de 2017, ahora paga $21 mil“, indica el informe. Por último, Muñoz también se refirió a ese “40% de los inquilinos que tiene problemas para pagar el alquiler”.

“De los 300 casos que nos llegaron, concluimos que cuatro de cada diez inquilinos tienen dificultades concretas para pagar el alquiler. No nos sorprenden estos resultados… Es un círculo descendente en el deterioro de la calidad de vida”, manifestó el titular de ese área.

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