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El Tribunal Superior de Justicia define el futuro de la ley de alquileres porteña

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad resolvió admitir parcialmente los recursos presentados en abril último por el Gobierno porteño, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Asociación Civil Inquilinos Agrupados (IA) ante el fallo que declaró inconstitucional la ley de alquileres.

Aunque la normativa que prohíbe cobrar comisiones a inquilinos continúa vigente, la sentencia que declaró que esa ley es inconstitucional dejó a un paso de una posible suspensión sus alcances y ahora el encargado de decidir su continuidad o su caída será el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

“El pronunciamiento cuestionado se encuentra comprendido entre los supuestos que habilitan la intervención del Tribunal Superior de Justicia, pues se impugna una sentencia definitiva emanada de esta Cámara -que reviste el carácter de superior tribunal de la causa- y la pretensión se expresa adecuadamente en términos constitucionales”, dice la resolución.

En abril pasado la Cámara en cuestión declaró que la Ley N° 5859 es inconstitucional dando a lugar a los amparos presentados por el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad (CUCICBA), el Centro de Corredores Inmobiliarios y 75 corredores independientes.

Dicha resolución reconoce que no pueden desconocerse las reglas de fondo que impiden cobrar comisiones inmobiliarias a los inquilinos cuando éstos se oponen a la intervención del corredor, expresamente, mediante protesto.

Aunque a su vez establece que no se puede impedir que los inquilinos contraten voluntariamente los servicios del corredor. En esos casos, la comisión no podrá superar la establecida para los locadores en la normativa vigente (que a la fecha es el 4.15% de todo el contrato).

En el fallo ahora sometido a revisión del TSJ, se sostuvo que la Ley N° 5859 (en su art. 2º) incurrió en un exceso reglamentario, destacando que el Código Civil y Comercial de la Nación es el que fija las reglas del corretaje que permiten al corredor cobrar honorarios al inquilino así lo acepte.

En tanto, destacaron que “es competencia del GCBA la implementación de medidas que garanticen el eficaz goce de los derechos de los inquilinos, entre las cuales se encuentran las tendientes a asegurar que los corredores transmitan sus propuestas a los locadores, aún en los casos de ‘protesto'”.

Por lo cual, el TSJ deberá dirirmir acerca de la obligación que pesa sobre los corredores de publicitar el derechos de los locatarios, y la orden impuesta al Gobierno de implementar una campaña de difusión de los derechos de los inquilinos y de los procedimientos existentes, en particular, ante la Dirección de Defensa al Consumidor.

En detalle, la norma aprobada por la Legislatura en 2017 fija el monto máximo de la comisión a cobrar en 4,15% del valor total del respectivo contrato a cargo del propietario; cuando antes se les cobraba tanto al inquilino como al dueño del inmueble.

Además prohíbe “requerir y/o percibir mediante cualquier forma de pago, comisiones inmobiliarias y/u honorarios por la intermediación o corretaje a locatarios, sublocatarios y/o continuadores de la locación” y traslada a los dueños de las propiedades los costos de gestoría de informes a organismos oficiales.

Asimismo, establece que en los avisos de inmuebles en Internet debe figurar una leyenda que diga: “Se encuentra prohibido cobrar a los inquilinos que sean personas físicas comisiones inmobiliarias y gastos de gestoría de informes”.

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