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Sebastián Pilo: “El 20% de los vecinos en la Ciudad están en situación de calle, villas y casas tomadas”

Luego de que la Justicia calificara como inconstitucional el artículo Nº2 de la ley de alquileres porteña, que prohíbe el cobro de comisiones inmobiliarias al inquilino, el Gobierno de la Ciudad, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Asociación Civil Inquilinos Agrupados presentaron una apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Además, según trascendió en las últimas horas, el Gobierno terminó de elaborar su propuesta de ley de alquileres que prevé que las inmobiliarias no puedan cobrarles comisiones a los inquilinos, y se espera que el proyecto sea debatido en el Congreso en las próximas semanas.

De cara a este escenario, Mundo Horizontal se comunicó con Sebastián Pilo, abogado y co-director de ACIJ, quien explicó las consecuencias del fallo para regular el cobro de honorarios de los corredores. En tanto, brindó detalles de la apelación que hizo su asociación junto a otras agrupaciones y el Gobierno local.

“La sentencia de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo carece por completo de perspectivas en materia de derechos humanos y el Poder Judicial debe analizar cómo impactan sus decisiones en el pueblo. De hecho, el fallo no menciona el derecho a la vivienda y es bastante evidente que esto impacta en más del 50% de la población de la Ciudad que no es propietaria“, comenzó diciendo el referente social.

¿Cuál es la realidad de ese 50% de la población?

Tenemos más o menos el 35% de los habitantes inquilinos. Cada vez son menos propietarios y más inquilinos. Pero además tenemos un 20%, entre 500 y 600 mil personas, que ni siquiera pueden acceder al mercado formal de alquileres.

¿Qué pasa con esas personas?

Esos vecinos están en situación de calle, en villas, casas tomadas, hoteles, pensiones, todas viviendas informales. Eso es muy grave y el Poder Judicial no lo puede pasar por alto. Es un fenómeno que se da en un mercado de alquiler cada vez más expulsivo y esta ley de algún modo venía a intentar apaciguar las barreras de ingreso para los inquilinos, por eso es tan preocupante.

Por eso ustedes destacan la importancia del derecho a la vivienda…

Claro. El derecho a la vivienda es un derecho social y si no lo analizan para nada están recortando el derecho vigente que no es solo el artículo 1351 del Código Civil, porque el Estado argentino asumió compromisos internacionales en materia de derechos humanos y es legislación vigente de rango constitucional en nuestro país. No puede no ser analizada.

Es que para el tribunal en cuestión es necesaria una ley nacional y no local la que regule ese tema. En detalle, la Cámara expresó que el Código Civil y Comercial de la Nación reconoce que el inquilino tiene carácter de “comitente” y, por ende, le corresponde el pago de honorarios al corredor que interviene en la operación.

“Es que ellos interpretan el Código Civil y lo interpretan mal porque hay dos derechos en juego y aunque reconozcan que los corredores inmobiliarios tienen la facultad de ejercer el comercio, hay un derecho en juego del otro lado (el de la vivienda) que debe analizarse. Los jueces tienen que ponerse en el lugar del más débil en la relación”, indicó Pilo.

¿Creés que el fallo está relacionado a intereses económicos y no a una mera cuestión jurídica?

Eso no lo sé, peo puedo opinar sobre el impacto del fallo que beneficia a los más poderosos de esta relación. Cuáles son las posiciones de la Cámara es algo que no manejo. Pero nosotros aspirábamos a una sentencia más justa. Los corredores inmobiliarios pueden desarrollar muchas actividades, este artículo regula solo una parte pequeña de su labor y no les impide cobrar comisión solo les dice a quien cobrarlas que es a los dueños.

Los inmobiliarios sostienen que este artículo de la ley le jugó en contra a los inquilinos porteños, quienes en los últimos tiempos sufrieron aumentos del 38% en contraste con un 27% de la provincia.

Es cierto que los alquileres aumentaron muchísimo en CABA pero eso es multicausal. El año pasado tuvimos una megadevaluación en un contexto en el que el valor de la propiedad está dolarizado, entonces eso naturalmente impacta. Además, puede haber gente que especule.

Ustedes ya apelaron la medida, ¿cuáles son los pasos a seguir de ahora en más?

La Cámara le corrió traslado del recurso al Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) y ahora ellos se tienen que pronunciar en un plazo de cinco días. Ahí la Cámara tiene que resolver si concede o no el recurso. Si concede se va al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y si eso pasa nosotros presentaremos un recurso de queja.

¿Cuáles son sus expectativas al respecto?

Esperamos que haya una decisión a favor y medianamente rápida por la importancia del caso. En 2016 presentamos un recurso contra CUCICBA ya que en la práctica cobraban dos o más meses de comisión a inquilinos y ese caso fue condenado por el TSJ. El colegio de corredores no es una cámara inmobiliaria sin embargo ejerce como tal. Esperamos que en esta oportunidad si se llega al Tribunal Superior de Justicia, se mantenga la línea que ACIJ impulsó y se revoque la sentencia de la Cámara.

A su vez, antes de que terminara la entrevista con MH, Pilo recordó que los efectos de la sentencia judicial “están suspendidos por el recurso presentado”. Por lo tanto, aclaró: “Hasta que no esté firme y esperamos que eso no sucede, las comisiones no deben ser abonadas por el inquilino“.

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