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Pese al fallo de la Justicia, el Gobierno porteño advierte que la ley de alquileres sigue vigente

En una sentencia de segunda instancia, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires declaró inconstitucional la ley de alquileres que prohíbe cobrar comisiones a inquilinos.

La resolución tiene como base los amparos presentados por el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), el Centro de Corredores Inmobiliarios, la Corporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios, y 75 corredores inmobiliarios matriculados.

Y considera la posibilidad de que los arrendatarios se nieguen a pagar su porción de la comisión a través de la presentación de un “protesto”, a menos que exista un pacto en contrario. En tanto, si no se utiliza alguna de esas alternativas, “quien aprovecha las gestiones del corredor queda obligado al pago de comisiones inmobiliarias y/u honorario”.

Sin embargo, el fallo aún no quedó firme y el Ejecutivo, así como algunas agrupaciones de inquilinos, ya anunciaron que apelarán la sentencia. Por lo que ahora el tema deberá ser definido por el Tribunal Superior de Justicia.

Por esa razón, desde el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) se advirtió que por el momento los inquilinos no deben pagar la comisión inmobiliaria por los alquileres sino que deben continuar haciéndolo los propietarios.

“La ley se encuentra vigente, es importante que los inquilinos sepan que no deben pagar la comisión inmobiliaria en la Ciudad. Vamos a apelar el fallo y vamos a seguir trabajando para defender los derechos que les corresponden”, le dijo a Clarín Juan Maquieyra, presidente del IVC.

“Para todos aquellos que tengan denuncias o consultas, el Instituto de Vivienda brinda un servicio legal gratuito, no sólo para inquilinos, sino también para los propietarios”, agregó el funcionario en esa entrevista.

Además, a través de un comunicado, el IVC aclaró “que esta defensa de los inquilinos no es incompatible con el Código Civil, que regula desde una visión del derecho privado” y que “la Ciudad lo hace desde el derecho público, es decir, protegiendo el interés público de los miles de vecinos alcanzados por un contrato de alquiler”.

En detalle, la norma aprobada por la Legislatura en 2017 fija el monto máximo de la comisión a cobrar en 4,15% del valor total del respectivo contrato a cargo del propietario; cuando antes se les cobraba tanto al inquilino como al dueño del inmueble.

Además prohíbe “requerir y/o percibir mediante cualquier forma de pago, comisiones inmobiliarias y/u honorarios por la intermediación o corretaje a locatarios, sublocatarios y/o continuadores de la locación” y traslada a los dueños de las propiedades los costos de gestoría de informes a organismos oficiales.

Asimismo, establece que en los avisos de inmuebles en Internet debe figurar una leyenda que diga: “Se encuentra prohibido cobrar a los inquilinos que sean personas físicas comisiones inmobiliarias y gastos de gestoría de informes”.

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